ࡱ> uwt% >bjbj%%  GG:zl    $ / / / $ R / @/ / /    / @R   /  "  @kѷ o 08o (8 Jj6 PROYECTO DE COMISIN DE VERIFICACIN DE DERECHOS HUMANOS A LAS REGIONES DEL MAGDALENA MEDIO, URAB Y ARAUCA (COLOMBIA) La violacin de los derechos humanos en Colombia es constante y sistemtica slo que en determinadas ocasiones adquiere formas que resultan ms difciles de visibilizar o el inters de la comunidad internacional se centra en otros conflictos. Nos encontramos en uno de esos momentos. Con la llegada a la Presidencia de lvaro Uribe Vlez y la implementacin de su poltica de seguridad democrtica pareciera que el pas ha comenzado a recuperar la calma cuando en realidad no han disminuido las cifras de asesinatos, desapariciones o desplazamientos, segn denuncian las organizaciones defensoras de los derechos humanos colombianas. Lo que ha pasado es que resulta mucho ms difcil cuantificar estas violaciones por la presin que reciben los lderes sociales y los defensores de los derechos humanos y porque la represin pasa ms desapercibida por ser ms selectiva (se ha reducido la prctica de las masacres por el alto costo poltico que tienen y se recurre a crmenes selectivos) o ser aparentemente legal (detenciones y allanamientos masivos amparados por medidas legislativas impulsadas desde el Estado). Michael Frhling, director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (OACNUDH), valoraba recientemente la actitud del actual Gobierno con respecto a los defensores de derechos humanos: No ha habido avances significativos en el cumplimiento de la obligacin de sancionar disciplinariamente a los servidores pblicos que con sus declaraciones, acciones u omisiones descalifiquen o pongan en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos. Ha continuado la descalificacin a la legtima labor de los defensores de derechos humanos y de lderes sindicales por parte de altas autoridades del Estado. La Oficina ha conocido pocos ejemplos de acciones tomadas por los superiores jerrquicos o por el Ministerio Pblico en el sentido de esta recomendacin del Alto Comisionado. El mismo responsable de este organismo tambin explica las irregularidades cometidas en virtud de la nueva poltica: La Oficina ha notado un debilitamiento de los procedimientos judiciales mediante la utilizacin frecuente de testimonios de personas desmovilizadas o reincorporadas. Se denunciaron varios casos de desmovilizados que dieron falsos testimonios a cambio de dinero o de beneficios judiciales. Hasta el momento la Oficina no ha podido registrar medidas eficaces por parte del Estado para sancionar a los servidores pblicos involucrados en esas irregularidades procesales, o para prevenir la repeticin de stas. Como consecuencia de esta prctica, varios procesos han concluido con la exoneracin de personas que manifiestamente haban sido acusadas, sin fundamentos adecuados, por la comisin de delitos contra el rgimen constitucional y la seguridad pblica. En dichos procesos figuraban varias veces como sindicadas personas pertenecientes a organizaciones de derechos humanos y de sindicatos. Mientras tanto queda pendiente una tarea de grandes implicaciones: como la de frenar, contrarrestar y abolir la fuerte influencia del paramilitarismo en varios lugares, administraciones e instituciones del pas. Una parte de esta tarea es la necesidad de seguir tomando medidas concretas y adecuadas para cortar los nexos de servidores pblicos con los grupos paramilitares. Tambin debe evitarse por parte de funcionarios del Estado expresiones de complacencia o entendimiento con el paramilitarismo, afirma el director de la OACNUDH. Si a este cambio de estrategia del Estado Colombiano se aade el protagonismo adquirido por los conflictos palestino e iraqu por su repercusin en los pases desarrollados, nos encontramos con que Colombia ha perdido importancia en la agenda poltica europea. Para contrarrestar las consecuencias negativas que supone esta situacin para la poblacin civil colombiana varias organizaciones no gubernamentales con trabajo en Colombia hemos organizado una Comisin de Verificacin del respeto a los derechos humanos en tres de las zonas ms conflictivas del pas donde, al mismo tiempo, se han desarrollado experiencias de resistencia civil frente a la guerra que han servido de modelo a otras regiones del pas. El objetivo es conocer directamente lo que dicen las vctimas del conflicto para poder transmitir sus demandas a las autoridades colombianas y a los organismos internacionales que trabajan en la defensa de los derechos humanos. Magdalena Medio: Es el corazn de Colombia, su capital natural, Barrancabermeja, a orillas del ro Magdalena, es el principal puerto petrolfero del pas. Sus riquezas naturales han provocado que haya sido y sea escenario de continuos enfrentamientos entre los distintos grupos armados por su control territorial. Aqu, a mediados de la dcada de los 80, surgieron los primeros grupos paramilitares de Colombia que arrasaron con las organizaciones polticas y sociales que afectaban los intereses de los terratenientes y multinacionales petrolferas de la zona. Sin embargo, en Barrancabermeja la poblacin resisti y a pesar de que la ciudad fue tomada por los paramilitares en 2001 todava existen organizaciones que reclaman el derecho de la poblacin a no verse envuelta en el conflicto y que configuran el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras Defensores de los Derechos Humanos (ETTDDHH). Esta entidad agrupa a la Iglesia, sindicatos, organismos internacionales no gubernamentales con presencia en la zona, asociaciones de campesinos, organizaciones de mujeres, etc. Los miembros de la Comisin de Verificacin se reunirn con las organizaciones que integran el ETTDDHH para que les explicaran la situacin y cules son sus peticiones a la comunidad internacional, se recorrern los barrios de Barranca para conocer de primera mano los testimonios de las vctimas y se visitarn las casas de la mujer que la Organizacin Femenina Popular (OFP) tiene en varios pueblos ribereos del Magdalena. La experiencia de la OFP es particularmente interesante ya que son una organizacin que aglutina a unas 1.500 mujeres de los sectores ms desfavorecidos que combina la denuncia contundente de la violacin de los derechos humanos con la accin social hacia las mujeres, que en el caso colombiano son doblemente vctimas: por su condicin de mujeres en una sociedad extremadamente machista y por ser poblacin civil inmersa en el conflicto Urab: Regin fronteriza con Panam, tambin enormemente rica en recursos naturales y, consecuentemente, disputada por todos. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado que en la dcada de los 90, el Ejrcito y las Autodefensas Campesinas de Crdoba y Urab (ACCU) iniciaron la pacificacin de la regin cuyo supuesto objetivo era acabar con la guerrilla. Las FARC siguen en la regin, pero los sindicatos bananeros y las organizaciones polticas de izquierda, como la Unin Patritica, con fuerte implantacin en la zona fueron aniquilados. Esto produjo muchos desplazamientos de las reas selvticas a las cabeceras municipales y, con el tiempo, la poblacin desplazada decidi retornar a su lugar de origen ya que en las ciudades continuaban siendo agredidos y vivan hacinados. Para tratar de evitar que se repitiera la misma situacin, acordaron volver a su tierra, pero viviendo agrupados y declarndose como comunidades ajenas al conflicto, es decir, todos se comprometan a no colaborar con ningn grupo armado y a no permitir su presencia en sus tierras, incluido el Ejrcito. Los integrantes de la Comisin de Verificacin viajarn a dos de estas comunidades de poblacin desplazada que ha retornado: la Comunidad de Autodeterminacin, Vida y Dignidad de la cuenca del ro Cacarica (CAVIDA) y la Comunidad de Paz de San Jos de Apartad. Ambas fueron de las primeras comunidades que se declararon ajenas al conflicto en Colombia y por su negativa a implicarse en la guerra han sido atacadas: han sufrido ms de 200 vctimas, entre asesinados y desaparecidos, desde que en 1997 fueron desplazados, la inmensa mayora a manos del Ejrcito y los paramilitares, segn denuncian. Arauca: A causa de su importancia estratgica en materia econmica, militar y geogrfica, el control sobre el departamento de Arauca ha sido un factor fundamental para todos los agentes armados de Colombia las fuerzas de seguridad, los paramilitares respaldados por el Ejrcito y los grupos armados de oposicin, todos los cuales mantienen una fuerte presencia en el departamento, segn se denuncia en el informe Colombia. Un laboratorio de guerra: Represin y violencia en Arauca publicado por Amnista Internacional (AI). Arauca ha atrado tambin la atencin de Estados Unidos, que ayuda a financiar la proteccin militar del oleoducto de Cao Limn, un conducto que atraviesa el departamento y es en parte propiedad de la empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum. A lo largo del ltimo ao, el gobierno del Presidente lvaro Uribe ha utilizado el departamento de Arauca, rico en petrleo y que hace frontera con Venezuela, como campo de pruebas para muchas de sus polticas clave de seguridad. AI seala que las fuerzas de seguridad han atacado a la poblacin civil, especialmente a los defensores de los derechos humanos, a los activistas sociales y a los dirigentes campesinos, sectores a los que el Ejrcito acusa con frecuencia de actividades relacionadas con la guerrilla. Mientras tanto, durante los ltimos aos los grupos paramilitares han reforzado su control sobre Arauca en un intento de defender los intereses de poderosos agentes econmicos nacionales e internacionales y de actuar junto con las fuerzas de seguridad para conseguir este objetivo. El ataque frontal contra sus organizaciones campesinas, comunales, de derechos humanos, juveniles y sindicales ha dejado un sin nmero de asesinados, desaparecidos, desplazados y ms de 100 lderes detenidos en los ltimos dos aos, segn denuncias de las organizaciones sociales araucanas. Los proyectos de vida, histricos, autogestionarios y comunitarios de los araucanos hoy estn en peligro. Por ello consideramos urgente y necesario acompaar a sus comunidades. Las organizaciones a visitar son el Comit de Derechos Humanos Joel Sierra, la Asociacin Campesina de Arauca, CUT, Comit Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y la Asociacin Departamental de Usuarios Campesinos (ADUC, organizacin que ha denunciado recientemente el asesinato de uno de sus lderes a manos del Ejrcito). Tanto en Urab como en el Magdalena Medio tiene sede Brigadas Internacionales de Paz (Peace Brigades International, PBI), una ONG internacional que acompaa a defensores de derechos humanos y poblacin desplazada en proceso de retorno. Algunas de las organizaciones con las que contactar la Comisin de Verificacin son acompaadas por PBI (OFP, Corporacin Regional para la Defensa de los Derechos Humanos del Magdalena Medio -CREDHOS-, Comisin Intereclesial de Justicia y Paz, CAVIDA, comunidad de paz de San Jos de Apartad) por lo que la propia comisin contar, casi con toda seguridad, con la presencia de PBI en sus desplazamientos por las regiones. A Arauca tambin ha viajado PBI en numerosas ocasiones acompaando a las ONG con las que trabaja. Por su parte, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, una entidad que aglutina a diversas organizaciones europeas, colabora activamente desde Colombia en organizar la agenda de esta comisin y en acompaar a sus miembros por el pas. La Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia es un proceso de relacin e interaccin entre organizaciones sociales, gremiales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, cuyo propsito es crear un movimiento social en torno a la lucha por la superacin de la impunidad en Colombia, fortalecer el acompaamiento a las organizaciones sociales colombianas y a sus problemticas concretas en arasde consolidar un proceso de solidaridad poltica. Caractersticas y objetivos de la comisin: La idea es conformar una comisin integrada por polticos de distintos partidos, por representantes de organizaciones sociales (ONG, sindicatos) y por periodistas con los siguientes objetivos: -Recoger testimonios de las vctimas de violaciones a los derechos humanos y de las organizaciones sociales que trabajan en las tres regiones a visitar. -Transmitir a las autoridades colombianas y organizaciones internacionales la situacin de la poblacin civil y sus demandas. Conocer las polticas que se puedan estar implementando para la defensa activa de los derechos humanos, en cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas. -Mostrar nuestra preocupacin a los representantes del Estado Colombiano por los casos de violaciones a los derechos humanos que conozcamos en el desarrollo de la comisin y buscar su compromiso para reparar a las vctimas y prevenir que no se repitan hechos semejantes. -Difundir en Espaa las conclusiones de la comisin y darle seguimiento a los casos conocidos y a los compromisos que se hubieran obtenido de las autoridades -Presentar al Gobierno Espaol las conclusiones de la comisin para que ste pueda actuar en consonancia con la defensa de los derechos humanos en Colombia. El viaje abarcar dos semanas a partir del 10 de enero de 2005 y, dependiendo del nmero de integrantes de la comisin, se desplazarn todos a las tres regiones o se dividirn en varios grupos. El programa previsto es el siguiente: -Da 10 de enero: Llegada a Bogot y traslado al hotel. -Da 11: Presentacin ante la Embajada Espaola, encuentro con parlamentarios colombianos y reunin con organizaciones sociales para informarnos de la situacin de las tres regiones a visitar. -Da 12: Viaje en avin a Barranca, reunin con el ETTDDHH y visita a barrios. -Da 13: Visita a municipios prximos donde tiene trabajo la OFP y encuentro con algn representante de la UP. -Da 14: Regreso a Bogot, salida en avin para Medelln y cena-reunin con organizaciones sociales. -Da 15: Llegada a Apartad y visita a la comunidad de paz de San Jos. -Da 16: Salida en lancha desde el puerto de Turbo hacia Cacarica. -Das 17 y 18: estancia en Cacarica. -Da 19: Regreso a Turbo, desde all a Apartad y avin hacia Medelln y otro avin a Bogot. -Da 20: Salida hacia Arauca o Saravena y reuniones con organizaciones sociales. -Das 21 y 22: Estancia en Arauca y/o Saravena entrevistndonos con organizaciones sociales. -Da 23. Regreso a Bogot. -Da 24: Reuniones con autoridades colombianas y Oficina de Naciones Unidas. Rueda de prensa -Da 25: Regreso a Espaa. Esta iniciativa est abierta a futuras adhesiones. Para cualquier informacin complementaria llamar al 699911436 (Paco Simn)  COORDINACIN VALENCIANA DE SOLIDARIDAD CON COLOMBIA CEAR, CEDSALA, CEPS, COLECTIVO SUR-CACARICA, OSPAAAL, SODEPAU-PV ~  / "$252$8$%9&6(^*a*--;3f3=>>>>>>J>K>>>>ӿmH sH 5CJaJmH sH  5mH sH 5CJmH sH 5B*CJaJphB*CJaJph6B*CJaJph 6CJaJCJaJ 5CJaJ 5CJaJjUmHnHu,7d~. / >? !!1$2$A'B' $^`a$$^a$^>>B'a*b*---00:3;3(4)444556677283899T9:e::$^a$ $^`a$:;;;;;K<<<=q=======>>>>>>^$a$$^a$ $,^`,a$ $^`a$$^a$>J>K>>>>>>>^/$$d#%d &d!'d -D M N#O P!Q a$ /R . A!"#$%FeaPQ-@Bx~JFIF tICC_PROFILE dLinomntrRGB XYZ  1acspMSFTIEC sRGB-HP cprtP3descrwtptbkpt rXYZ gXYZ4bXYZHdmnd\vdmddvueddview$lumimeas0$techL rTRCX gTRCX bTRCX textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-2.1XYZ QXYZ XYZ o8XYZ bXYZ $descIEC http://www.iec.chdesc.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1view_. \XYZ XYZ L VPWmeassig CRT curv #(-27;@EJOTY^chmrw| %+28>ELRY`gnu| &/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~ +:IXgw'7HYj{+=Oat 2FZn  % : O d y  ' = T j " 9 Q i  * C \ u & @ Z t .Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i  A l !!H!u!!!"'"U"""# #8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''( (?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,- -A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223 3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JK KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4 uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.! zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs 2F[p(@Xr4Pm8Ww)KmC    $.' 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